La libertad de expresión es un pilar democrático, pero en la práctica se ve tensionada entre dos fuerzas: el poder político y el corporativo. Bajo la administración Trump, se apeló a la Primera Enmienda mientras se ejercían presiones contra medios críticos, revelando una defensa selectiva de la libertad. Paralelamente, las grandes corporaciones mediáticas aplican una censura indirecta mediante cálculos financieros y reputacionales, como en el caso de la suspensión y posterior regreso de Jimmy Kimmel.
Esta doble pinza genera un empobrecimiento del espacio público: la palabra se modula según intereses políticos o económicos, instaurando un efecto de autocensura. Tocqueville y Foucault ya advirtieron que la tiranía democrática y el poder moderno no necesitan cadenas visibles, sino mecanismos que configuren lo decible. Hoy, la censura no se impone solo con leyes, sino con incentivos que hacen más rentable callar que hablar.
La verdadera libertad requiere más que protección legal: necesita medios independientes, pluralidad de espacios y ciudadanía consciente de los dispositivos que moldean su voz. De lo contrario, la democracia corre el riesgo de convertirse en una coreografía vacía, donde se habla dentro de un guion ya escrito.
En nuestro tiempo, la censura no prohíbe: convence de que callar es seguro y hablar es peligroso.
