DGT

Me parece muy loable que la Dirección General de Tráfico focalice sus esfuerzos en disminuir el número de accidentes, si bien es verdad que, con esa justificación, no cesan de promulgar nuevas normas que aunque puedan parecer razonables y viéndolas con más perspectiva, están contribuyendo al deterioro productivo.

Recuerdo que hace pocos días circulaba por una ronda urbana de 3 carriles y en todos ellos estaba prohibido circular a más de 80 km/h. Lógicamente, los pocos coches que circulábamos en aquel momento íbamos uno detrás de otro por el carril de la derecha dejando libres los otros dos para no sé quién.

No importan las aptitudes, destrezas o reflejos del conductor. No importan las prestaciones ni el grado de seguridad del vehículo. No importa la ingente cantidad de infraestructuras desaprovechadas. No importa el ritmo de vida que la sociedad actual impone. No importa conocer y adecuar las normas a la media de edad del colectivo y a sus aparentes aptitudes.

Estoy convencido de que alguna directiva comunitaria recomendó no exceder de esos 22 metros por segundo y sin más, los responsables del tráfico se dispusieron a aplicar la norma sin otras obligadas consideraciones.

Técnicamente hablando, los automóviles tienen unas prestaciones y nivel de seguridad altísimos si los comparamos con los que se construían hace 30 años. Las infraestructuras urbanas e interurbanas también han mejorado atendiendo a la densidad y la velocidad del tráfico, y en cuanto a los conductores, la mayoría se ha formado, adaptado y preparado en ese ambiente, aún así, la velocidad se cuestiona y se sacrifica. Me preocupa que con tanta simplicidad en las medidas adoptadas la tendencia sea llegar a cero para minimizar los riesgos.

Si se hacen tantos cálculos no sé por qué no se ha valorado o no se han hecho públicos los costes que suponen en tiempo de trabajo (léase productividad) imponer esos límites de velocidad.

Un sencillo ejemplo permitirá comprender la magnitud de las consecuencias económicas en un País que se empobrece por momentos. En condiciones óptimas y considerando un índice de ocupación del 100%, si a un colectivo de 1.000 taxis se les obliga reducir su velocidad de 90 a 80 km/h, es como si en ese colectivo trabajaran sólo 889 profesionales. Por el contrario, si dejamos que suban la velocidad de circulación de 80 a 90 km/h, esos 1.000 taxistas equivalen a 1.125 y si esos 1.000 pudieran desplazarse a 100 km/h equivaldrían a 1.250 taxis circulando.

Siguiendo con el ejemplo, si extrapolamos los cálculos y añadimos camiones y furgonetas de reparto y particulares la enormidad de las cifras asusta. Si además, tenemos en cuenta que esas aparentes menores flotas efectivas generadas al imponer esa Ley restrictiva en velocidad repercuten en los tiempos productivos de los usuarios y destinatarios de esos medios de transporte merece la pena reflexionar si el camino a seguir es prudente y aconsejable para contribuir a paliar los efectos de la crisis económica.

Creo que ha sido lo peor que podía hacerse y no digamos cuando oigo a algún que otro político diciendo que tal vez reduzcan más esas velocidades. Con todos mis respetos, esos señores no tienen agenda de trabajo ni saben lo que es productividad.

Eso es ir contra la física, la termodinámica, la naturaleza. Me temo que si la DGT se hiciera cargo del tráfico aéreo impediría volar a los aviones y de hacerlo con el tráfico ferroviario, volveríamos a las máquinas de vapor. Hay que asumir riesgos y sus consecuencias, no hacerlo es paralizarse pero matar moscas a cañonazos es un despropósito.

Cada tecnología implica sus riesgos y de eso saben mucho las compañías de seguros o por lo menos, así era, ya que ahora, con menos riesgo por accidentes y siendo la DGT su principal aliado, no veo compensado ese descenso de peligrosidad en las cuotas de las pólizas.

La velocidad es sinónimo de crecimiento y desarrollo. La productividad y la competitividad exigen hacer más con menos. Precisamente por ello, es cuestionable que para justificar una labor se paralice un país y se le haga retroceder muchos años en materia de transporte.

Antes de que se les ocurra prohibir totalmente el uso del teléfono móvil cualquiera que sea la tecnología, sugiero una reunión de la DGT con algún representante de Economía y de Trabajo para valorar las consecuencias productivas derivadas de que el trabajador no trabaje cuando conduce.

Las leyes son una forma fácil, rápida y económica de suplir la falta de conocimiento pero no la más adecuada y siempre es conveniente sopesar el coste/beneficio de su aplicación.
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Artículos de prensa posteriores:

- Si las carreteras están mejor... ¿por qué los límites de velocidad no suben desde 1981?

- La mayoría de los lectores prefieren establecer los límites en los 140 kmh


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